El dictador chileno, Augusto Pinochet, conspiró con el facismo italiano y el falangismo español para asesinar en Europa a sus disidentes políticos exiliados por su régimen de hierro.
Al igual que los operativos realizados por la Armada argentina en el extranjero, para detectar y aniquilar a los exiliados por la dictadura, el régimen de Pinochet no escatimó recursos para agilizar y profundizar el operativo Condor -un sistema de colaboración entre las dictaduras latinoamericanas para secuestrar y torturar a opositores-.
Este operativo, que se creía circunscripto a los países latinoamericanos, también tuvo sus ramificaciones indirectas en el resto del mundo occidental. Incluso llegó a extenderse a Estados Unidos, en 1976, con el asesinato -en Washington- del ex canciller chileno Orlando Letelier.
Según el abogado Alun Jones, representante de la Justicia española ante la Cámara de los Lores, Gran Bretaña debe extraditar a Pinochet a España, argumentando que el gobierno de Madrid podría juzgarlo por toda la conspiración, que causó miles de muertes en varios países.
En homenaje a Franco
Tras asistir en Madrid al funeral del dictador español Francisco Franco, en el año 1975, Pinochet mantuvo reuniones secretas con Stefano delle Chiaie -un fascista italiano cercano a la Logia P2 de Licio Gelli- para planificar un atentado contra la vida del dirigente del socialismo chileno, Carlos Altamirano.
La trama, que supuestamente debía haberse llevado a cabo en 1976, fracasó porque "sucedió que él estaba demasiado bien protegido", dijo Jones a los Lores; aunque otras fuentes consultadas por El Sitio Noticias afirman que Altamirano fue advertido por un servicio de inteligencia gubernamental, aunque no precisaron cuál.
Altamirano, quien fue senador y ex Secretario General del Partido Socialista de Chile, fue uno de los políticos más allegados al asesinado ex presidente chileno Salvador Allende. Como muchos otros miles, huyó del país tras el sangriento golpe militar de 1973. Conocido por su exultante verborragia política, previa al gobierno de Allende, Altamirano fue para muchos una de las excusas preferidas de Pinochet para justificar el golpe.
Sus declaraciones públicas, cargadas de acusaciones contra la derecha, han sellado una página de la historia política chilena. En el exilio, Altamirano -quien actualmente vive en Santiago de Chile- realizó un mea culpa que lo ha ubicado en el espectro político chileno como uno de los principales renovadores del socialismo.
De la conspiración al terrorismo internacional
Pero este ex dirigente político no fue el único al que Pinochet quizo aniquilar. Entre sus planes conspirativos junto a Stefano delle Chiaie (mentor de brutales atentados como la explosión de una bomba en la estación ferroviaria de Bologna, en agosto de 1980, en la que perdieron la vida más de 60 personas), también estuvieron los intentos de asesinatos de Andrés Pascal Allende -sobrino de Allende y Secretario General del MIR- y del ex vicepresidente de Chile Bernardo Leighton -fundador del Partido Demócrata Cristiano-
Las investigaciones llevadas adelante por el juez español Baltazar Garzón han documentado que personas como Stefano delle Chiaie han asesorado y trabajado para la DINA, la Triple A y la dictadura de Banzer en Bolivia.
También ha estado presente en la masacre de Ezeiza en la Argentina, cuando Juan D. Perón retornó del exilio en 1973.
El abogado Jones aseguró a los Lores que Pinochet se reunió en España con los participantes en un atentado contra otro exiliado chileno en Italia "y, juntos, se conjuraron para matar a Altamirano". Jones sorprendió a la defensa del senador vitalicio la última semana de enero, cuando afirmó que hay pruebas suficientes para enjuiciar a Pinochet por el delito de conspiración. Los abogados de España han argumentado que Pinochet no goza de inmunidad por delitos que las convenciones internacionales catalogan como crímenes contra la humanidad, como la tortura, y las ejecuciones extrajudiciales.
Pinochet, cada vez más cerca de su hora cero
Pinochet modeló algunas de sus políticas autoritarias en las de Franco, quien gobernó España por 36 años tras vencer a la República en una de las guerras civiles más sangrientas y simbólicas de Europa.
De una forma u otra, Pinochet buscó siempre un lugar en la historia, aunque no como el símbolo de la represión, la tortura y el autoritarismo.
Continuemos.
El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, no provocó una guerra civil y su dictadura, de 17 años, duró 20 menos que la de Franco. Después de miles de asesinatos y de violencias masivas de los derechos humanos, ambos dictadores gozaron de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Franco murió en la cama y nunca tuvo que preocuparse de responder a cargos sobre crímenes contra la humanidad. Pinochet sobrevivió 16 años a su Gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.
El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra "los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas". Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas.
En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia, bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo, no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Alwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Alwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura, como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.
El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición, y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.
Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.
